Queridos hermanos y amigos:
Ante la amenaza secesionista que estamos viendo en Cataluña y el desprecio y manifiesta desobediencia a las leyes y a la misma Constitución que están mostrando determinados dirigentes políticos, creo que es necesario hacer algunas consideraciones que me parecen esenciales. Algunas de ellas están recogidas en la instrucción pastoral ‘Orientaciones morales ante la situación actual de España’, publicada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en noviembre de 2006.
PRIMERO. La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para todos los españoles. Es verdad que la Constitución de 1978 -como toda obra humana- no es perfecta, pero nadie puede negar que ha sido y sigue siendo el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y la garantía de una convivencia armónica entre todos.
SEGUNDO. España es fruto de un complejo proceso histórico que hemos de tener en cuenta, sin ignorar ni deformar ni mucho menos manipular emocionalmente la verdad de los hechos. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diversas maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y -en último término- los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico más conveniente.
Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos. Invita a guiarse por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones ni recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen.
TERCERO. Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable. Convertir el Parlamento catalán, sede de la soberanía popular, en una herramienta al servicio del separatismo en la que los partidos no independentistas no son tenidos en cuenta, además de ir contra la Constitución y contra el mismo reglamento de la Cámara, es de una gravísima irresponsabilidad.
Ciertamente, la constitución es modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico. Pretender alterar este ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, sin tener en cuenta los mecanismos jurídicos que el propio ordenamiento tiene previstos para cualquier cambio legislativo, es inadmisible. Sería romper las reglas de juego Y esto hace imposible la convivencia.
Para poder vivir en paz es necesario respetar y tutelar las leyes y el bien común de una sociedad que tiene ya muchos siglos de historia.
Invito a todos los miembros de la Iglesia a elevar oraciones a Dios a favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España.
Para todos, un saludo cordial y mi bendición
+ Joaquín María. Obispo de Getafe.
Getafe, 9 de noviembre de 2015
